PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS
CAPITULO NOROCCIDENTAL
El Capítulo Noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas con sede en San Pedro Sula ante la crisis general del país, que incluye la crisis fiscal anunciada por las nuevas autoridades, y ante los retos que se deben de enfrentar desde las políticas públicas nos pronunciamos en los siguientes términos:
Consideramos que en los gremios del país que estudian y monitorean el manejo de los fondos públicos de los últimos años, existe pleno convencimiento sobre la necesidad de emprender esfuerzos profundos y consistentes en el tiempo para enfrentar las causas que han conducido a la crisis fiscal.
El inicio de este nuevo gobierno, que llegó al poder impulsado por una gran alianza ciudadana, es un momento propicio para enmendar y corregir numerosos errores y vicios que se han venido arraigando para así convertir la política macroeconómica en mecanismo efectivo de combate a la pobreza e impulsar el bienestar general.
Por lo anterior, nosotros los economistas del Capítulo Noroccidental, proponemos:
- El inicio de un amplio proceso de discusión propositiva que culmine en un gran acuerdo fiscal, exigencia que ha estado sobre la mesa de este capítulo de economistas desde hace varios años. Dicho proceso de diálogo constructivo deberá ser convocado por el gobierno, con representantes escogidos por cada sector y deberá dar lugar a escuchar e integrar las contribuciones de los sectores legítimos del país, entendidos de la problemática fiscal y relacionados con la ejecución de fondos públicos. Este deberá culminar con un compromiso por parte de todos los integrantes del diálogo sobre principios básicos en la formulación, ejecución y monitoreo del presupuesto; en objetivos ineludibles en los que debe enfocarse la política fiscal en los años próximos tomando en consideración tanto el contexto nacional e internacional en el que vivimos.
- El gran acuerdo fiscal deberá ser amplio en la temática abordada y deberá enfocarse en temas como los siguientes: reducción de sueldos y salarios, así como beneficios a los altos funcionarios públicos de los tres poderes del estado; revisión de la proliferación de instituciones públicas y su reducción; límites al endeudamiento público interno como externo; control sustancial en el gasto corriente de los procesos de compras de bienes y servicios así como de las licitaciones para proyectos de inversión; reducción de los fideicomisos bancarios así como la revisión de los términos bajos los cuales se rigen las alianzas público-privadas. Por el lado de los ingresos debe incluirse la discusión sobre la eliminación de las exoneraciones fiscales que no aportan a la creación de empleo y bienestar público, así como la revisión profunda de la estructura tributaria del país.
- El inicio de una política energética que conduzca a eliminar el impacto de los precios internacionales de los combustibles y que genere condiciones para la competitividad empresarial y bienestar en el consumidor. Ello implica salvar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de los contratos de compra de energía y de contratación de servicios de proveedores con evidentes
precios injustificados y lesivos a su salud financiera; fomento de los proyectos de generación de energía limpia por parte de la empresa estatal y de los proyectos de inversión que generen eficiencia en el servicio; eliminación de la burocracia innecesaria y la corrupción. Implica además revisar la fórmula con que se administra el precio de los combustibles, incluido el impuesto al patrimonio vial para así ajustarnos a las condiciones del momento en los mercados internacionales. - En situaciones como las actuales en la que la política fiscal está sometida a serias restricciones que impiden el despliegue de todo su potencial, es necesario enfocar la política monetaria que dirige el Banco Central de Honduras, a que acuda en apoyo a la seguridad alimentaria y al empleo mediante medidas que fomenten la reducción de los intereses bancarios y el incremento del crédito bancario en consonancia con las necesidades de los productores y consumidores.
Esperamos que este llamado contribuya al proceso de discusión que nos permita en Honduras iniciar políticas públicas de sustento nacional alejadas de las consideraciones partidistas que tanto daño han hecho al país y pensando en el bien común de los hondureños. - San Pedro Sula, 28 de febrero de 2022
JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS
CAPITULO NOROCCIDENTAL